Derecho a decidir

Lamento que el debate central de la Ley antiaborto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se haya enfocado en torno a la constitucionalidad de leyes, es decir, que si un Estado (en este caso Baja California) puede o no pronunciarse sobre la protección de la vida desde la concepción y más aún, que se avalara que una legislatura local pueda pronunciarse al respecto, ya que este pronunciamiento permite que se replique la discusión en los otros 16 estados, cuando el enfoque debería avocarse a la protección de los derechos humanos.
Desde mi postura, como abogada, puedo decir que no estoy de acuerdo con el resultado de la discusión. El artículo 7 de la Constitución de Baja California es inconstitucional, si se toma como base la jerarquía de leyes en México y más aún, si no se cuenta con un pronunciamiento claro en la Constitución federal al respecto.
Como mujer, estoy a favor del “Derecho a decidir”. Las mujeres debemos resolver sobre nuestro cuerpo, porque somos las que respondemos tanto física como socialmente a las consecuencias de lo que implica ser “madre”.
Son tres los argumentos más fuertes para defender mi postura: a) la protección de la vida del no nacido implica efectos negativos y consecuencias restrictivas para los derechos humanos de las mujeres: la vida, la salud, la intimidad, el derecho a la libertad y autonomía reproductiva; b) las mujeres pueden enfrentar mayores obstáculos para acceder a servicios de interrupción legal del embarazo y de esta manera poner en riesgo su salud y en algunos casos su vida; c) este tipo de discusiones fomentan un ambiente de persecución y estigma hacia las mujeres, aunque estas se encuentren dentro de las causas que permiten la interrupción legal del embarazo en los códigos penales.
En un estudio de opinión de DEFOE reveló que el 56% de las personas encuestadas  están a favor del aborto si la madre fue víctima de una violación o el feto tiene malformaciones genéticas. Llamó mi atención que sólo el 22%  (personas entre 18 y 25 años) está de acuerdo con la práctica del aborto siempre y cuando  se practique en los primeros tres meses de gestación.
Estudios del Banco Mundial, han determinado que los embarazos no deseados de mujeres jóvenes reduce el crecimiento económico de los países hasta en 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, la mayoría de las y los jóvenes ven la despenalización del aborto como un tema de índole simplemente moral y religioso. No los culpo, vivimos en un país de estigmas, donde es muy fácil juzgar y decidir por otros, donde nos guiamos por el debe ser y nos convertimos en cómplices de la doble moral en la familia, la escuela y la iglesia.
Defender los derechos humanos de las mujeres desde hace un par de años se ha convertido en un tema prioritario en mi vida, estar a favor del  derecho a decidir no significa que juzgue o critique a las y los que opinen de manera diferente, estoy convencida que  el respeto es la base de la tolerancia y el diálogo.
Me preocupa la incertidumbre jurídica en la que vivimos, en un mismo país hay opiniones tan contradictorias, tenemos un Distrito Federal donde existe la posibilidad de la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación  y un Baja California donde se criminaliza el derecho a decidir y obliga a las mujeres a interrumpir su embarazo en clínicas clandestino. Este tipo de ambigüedades dan como resultado los problemas jurídicos, institucionales y sociales que tenemos.
El 28 de septiembre se declaró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. La educación sigue siendo el camino para generar un desarrollo social que se encamine a la protección de los derechos de las mujeres y de los hombres.


Sandra Corona Padilla
Presidenta de Alianza Joven Tlaxcala